Familias unidas por los derechos de nuestros hijos e hijas
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LA SEDESA Y EL COPRED SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE LAS PRÁCTICAS Y TERAPIAS DE CONVERSIÓN.


18 septiembre, 2017

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se pronuncian en contra de las terapias y prácticas que tienen como objetivo modificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, las llamadas terapias de conversión.







 La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se pronuncian en contra de las terapias y prácticas que tienen como objetivo modificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, las llamadas terapias de conversión.
 Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes son las principales afectadas por este tipo de terapias que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que, incluso, pueden resultar tortura.
 La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son dimensiones íntimas y privadas de la personalidad y, por tanto, son parte esencial del proyecto de vida de las personas que deben ser salvaguardadas.
Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género establecen que los Estados garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.
Por su parte, los principales organismos de protección de derechos humanos tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano han insistido desde hace tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los derechos a las personas LGBTTTI mediante el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
2. Protección a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica.
3. Derogación de cualquier legislación que criminalice la homosexualidad.
4. Prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género.
5. Salvaguarda de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para las personas de la población LGBTTTI.

Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la construcción de las personas en relación a una determinada orientación sexual, identidad de género y expresión de
género constituye una decisión íntima y personal, parte esencial del proyecto de vida. En ese sentido, la CIDH ha reafirmado que no puede suponerse que esas categorías puedan ser modificadas por terceras personas o por el Estado, pues si así fuera, se configurarían vulneraciones a su dignidad. Así lo confirma también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al resolver el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile en el que la Corte determinó que “el derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida
de las personas”.
Congruente con lo anterior, la Ciudad de México, a través del COPRED, ha emprendido acciones orientadas a eliminar la falsa creencia de que la homosexualidad y la transexualidad son trastornos que deben de ser curados. Ejemplo de lo anterior lo es la Opinión Consultiva 01/2015 “Discriminación hacia personas LGBTTTI mediante terapias de conversión o reparativas que ofrecen ´cura’ a la homosexualidad”.
A partir del reconocimiento de que son las instituciones públicas las que deben de proteger los derechos asociados a la construcción del proyecto de vida de las personas y, dado que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, tanto el Consejo como la Secretaría de Salud de la Ciudad de México consideran indispensable la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de la salud y terapeutas que impartan o promuevan tales prácticas fraudulentas que violan los derechos humanos de las personas LGBTTTI.


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